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La Fundación Dante Piesco denunció que el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado rechazó su participación como querellante luego de advertir sobre la desaparición de una tortuga protegida bajo custodia policial. La organización habla de alteración de evidencia viva, ruptura de cadena de custodia y posible encubrimiento en una causa por tráfico ilegal de fauna silvestre.
La provincia de Misiones vuelve a quedar en el centro de una fuerte polémica vinculada al tráfico ilegal de fauna silvestre, luego de que la Fundación Dante Piesco —a cargo del Centro de Rescate OHANA— denunciara públicamente una serie de presuntas irregularidades judiciales y policiales en el marco de una investigación penal que se tramita en la ciudad de Eldorado.
La organización protectora aseguró que el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado rechazó de manera “arbitraria e infundada” su constitución como parte querellante en el expediente N° 13933/2026, apenas después de haber denunciado una supuesta alteración de pruebas durante un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Regional de Delitos Rurales.
El caso investiga la presunta comercialización ilegal de especies protegidas en el local “Agro Oeste”, donde, según la denuncia presentada por la Fundación, se ofrecían a la venta tortugas terrestres y loros, en aparente infracción a la normativa nacional e internacional de protección de fauna.
Denuncian desaparición de una tortuga protegida bajo custodia policial
De acuerdo con el planteo judicial realizado por la ONG, el pasado 13 de mayo se efectuó una constatación previa al operativo policial mediante una simulación de compra destinada a verificar la existencia de los animales ofrecidos ilegalmente.
Durante ese procedimiento preliminar, integrantes de la Fundación afirmaron haber identificado la presencia simultánea de ejemplares de Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis chilensis, situación que, según sostienen, habría quedado registrada mediante material audiovisual incorporado al expediente.
Sin embargo, la controversia escaló luego de que la organización denunciara que, durante el operativo desarrollado posteriormente por personal policial, se produjo una presunta ruptura de la cadena de custodia de los animales secuestrados.
Según la acusación, el ejemplar de Chelonoidis carbonaria —una especie protegida cuya circulación suele vincularse a redes de tráfico interjurisdiccional e internacional— habría desaparecido mientras permanecía bajo custodia policial y posteriormente habría sido sustituido por un segundo ejemplar de Chelonoidis chilensis.
Para la Fundación Dante Piesco, no se trata de una simple confusión biológica o administrativa, sino de una alteración sustancial de la prueba incorporada a la investigación penal.
“La desaparición de una Chelonoidis carbonaria para que aparezcan posteriormente dos Chelonoidis chilensis no puede ser interpretada como un simple error administrativo. Existe una diferencia biológica evidente entre ambas especies y la carbonaria posee implicancias legales y ambientales mucho más complejas por su relación con circuitos de tráfico y comercio ilegal”, señalaron desde la institución.
La ONG acusa al juzgado de impedir el avance de la investigación
La situación se agravó cuando la organización intentó presentarse formalmente como querellante para solicitar medidas urgentes, entre ellas allanamientos y resguardo de la fauna involucrada.
Según denunciaron, el juzgado rechazó “in limine” la presentación, utilizando argumentos formalistas vinculados a la necesidad de acreditar un supuesto “título de propiedad” sobre los animales silvestres.
La decisión generó una fuerte reacción por parte de la defensa de la Fundación, encabezada por la abogada especialista en Derecho Animal, Micaela Mariel Pereira, quien cuestionó duramente el criterio adoptado por la Justicia penal misionera.
“Esto no es producto del azar. Responde a una grave colisión de competencias entre la esfera administrativa y la penal que demora los allanamientos y permite que los infractores oculten o eliminen prueba vital. Nos excluyen del expediente mediante un decreto carente de fundamentos jurídicos precisamente después de poner en conocimiento del juzgado que la propia fuerza de seguridad alteró evidencia viva”, expresó la letrada.
Pereira sostuvo además que exigirle a una ONG ambientalista la acreditación de propiedad sobre especies pertenecientes a la fauna silvestre constituye una interpretación jurídica “arcaica” y desconectada del paradigma ambiental vigente.
“Exigirle a una ONG protectora un ‘título de propiedad’ sobre especies de la selva misionera para permitirle querellar es operar con una matriz civilista arcaica. Constituye un exceso ritual manifiesto que solo sirve para garantizar impunidad tanto al traficante como a quienes eventualmente pudieron facilitar la desaparición de prueba clave”, afirmó.
Apelación y antecedentes judiciales sobre fauna silvestre
Tras el rechazo judicial, la defensa interpuso un Recurso de Apelación solicitando la nulidad absoluta de la resolución que dejó afuera a la Fundación del expediente penal.
El planteo se sustenta en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, particularmente en el antecedente “Kattan”, además de distintos fallos penales del país que reconocen a la fauna silvestre como un bien de dominio público y validan la legitimación de asociaciones civiles para intervenir en defensa del interés colectivo ambiental y animal.
Desde la organización sostienen que el caso trasciende el episodio puntual y expone una problemática estructural vinculada al combate contra el tráfico de fauna en la región.
La desaparición de un ejemplar protegido, la supuesta manipulación de evidencia viva y la exclusión de una organización especializada del proceso judicial configuran, según la denuncia, un escenario de enorme gravedad institucional.
“No vamos a permitir que la tierra colorada se convierta en una zona de sacrificio ético ni en un refugio de impunidad”, concluyeron desde la Fundación Dante Piesco.
Tráfico de fauna en Misiones: una problemática en crecimiento
La denuncia vuelve a poner en agenda la creciente preocupación por el tráfico ilegal de fauna silvestre en Misiones, una provincia considerada estratégica por su biodiversidad y por su ubicación fronteriza.
Especialistas ambientales advierten desde hace años que especies protegidas son capturadas y comercializadas de manera clandestina mediante circuitos que operan tanto a nivel provincial como internacional.
En ese contexto, organizaciones ambientalistas vienen reclamando mayores controles, protocolos estrictos de cadena de custodia y participación activa de entidades especializadas en causas vinculadas a delitos ambientales y tráfico de animales.
La evolución de esta causa judicial podría transformarse en un antecedente clave respecto al rol de las ONG en investigaciones penales ambientales y al tratamiento que la Justicia otorga a la protección de la fauna silvestre en la Argentina.
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