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La crisis del sector yerbatero en Misiones sumó en las últimas horas un nuevo capítulo institucional. Un grupo de intendentes de municipios productores presentó un documento donde expone el fuerte impacto social y económico que atraviesa la provincia, mientras que un informe técnico elevado a la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación sostiene que la situación actual es consecuencia directa de la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos.
Ambos informes coinciden en un diagnóstico: el productor yerbatero está cobrando muy por debajo de sus costos de producción y la rentabilidad quedó concentrada en los eslabones industriales y comerciales de la cadena.
Según el informe técnico elaborado con datos oficiales del INYM, el costo de producción de un kilo de hoja verde asciende actualmente a $411,46, mientras que el precio pagado al productor oscila entre $220 y $285, lo que implica un quebranto de entre el 31% y el 47%.
Los intendentes señalaron que la desregulación impulsada por los decretos nacionales 70/2023 y 812/2025 eliminó la potestad del INYM de establecer precios mínimos obligatorios para la hoja verde y la yerba canchada, una herramienta que había regido durante más de dos décadas.
En el documento sostienen que mientras el precio de la yerba en góndola aumentó más del 120% entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el productor apenas recibió una mejora nominal del 4,8%, lo que en términos reales representa una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
Además, remarcaron que la crisis ya genera consecuencias visibles en toda la economía regional. El texto describe el cierre de secaderos, caída del consumo en pueblos del interior, reducción de cuadrillas de cosecha y dificultades crecientes en cooperativas yerbateras. También advierte sobre un fenómeno de migración laboral sin precedentes.
Uno de los datos más alarmantes expuestos en el informe es el incremento de trabajadores misioneros que emigraron a Brasil para realizar tareas rurales. Según el relevamiento citado, durante el último año cerca de 40 mil trabajadores tramitaron el CPF brasileño, cinco veces más que el promedio anual registrado entre 2016 y 2021.
El documento también recoge testimonios de referentes del sector que describen una situación crítica. Productores aseguran que cosechar a los valores actuales implica profundizar las pérdidas y muchos decidieron directamente frenar la actividad. A esto se suma el deterioro del comercio local en localidades altamente dependientes de la economía yerbatera.
En paralelo, el informe técnico presentado ante Diputados advierte que la sobreoferta acumulada, sumada a la eliminación del precio sostén, fortaleció el poder de negociación de la industria frente a los pequeños productores.
Los informes remarcan además que el sector yerbatero ya atravesó situaciones similares durante la década de 1990, tras la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), etapa que derivó en abandono de yerbales y salida masiva de productores.
Como salida a la crisis, los intendentes y técnicos plantearon la restitución de las facultades del INYM para fijar precios mínimos obligatorios, la creación de una pizarra de precios de referencia, asistencia financiera a pequeños productores y programas específicos para contener a las familias tareferas.
En la conclusión del documento, los jefes comunales sostienen que “defender al INYM es defender a miles de familias productoras, tareferos, secaderos, cooperativas y comercios del interior”, y advirtieron que la continuidad del actual esquema podría provocar daños irreversibles en la estructura productiva de Misiones.
