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La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados, en un fallo que representa una derrota de alto impacto para la Casa Blanca y su agenda económica.
La opinión mayoritaria, redactada por John Roberts, concluyó por 6 votos contra 3 que la medida excedió las facultades presidenciales. “El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts. “Debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.
El tribunal consideró que la base legal invocada por la administración, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), resulta insuficiente para justificar la política arancelaria. “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas. No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”, sostuvo el presidente del tribunal.
En una composición poco habitual, los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch se unieron a Roberts y a los tres jueces progresistas, conformando la mayoría. En disidencia votaron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh.
Uno de los puntos más sensibles del caso —el destino de los fondos ya recaudados— no fue resuelto. El fallo no ofreció precisiones sobre si el Gobierno deberá devolver los ingresos obtenidos mediante los aranceles impugnados. Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hasta el 14 de diciembre el Estado había percibido US$ 134 mil millones provenientes de más de 301.000 importadores.
La cuestión de los eventuales reembolsos quedará ahora en manos de tribunales inferiores. En su voto discrepante, Kavanaugh subrayó que la Corte “no se pronunció hoy sobre si el Gobierno debería proceder a la devolución de miles de millones de dólares, y en caso afirmativo, cómo hacerlo”, y advirtió que ese proceso “podría ser un desastre”.
Funcionarios de la administración habían alertado que una devolución masiva tendría consecuencias económicas severas, en un contexto de tensión comercial y debate sobre el alcance de las facultades ejecutivas en materia de comercio exterior.
