El abogado penalista Javier Baños analizó en diálogo con Radio Up con dureza la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que el fallo de la Corte Suprema está plagado de irregularidades procesales y viola principios básicos del derecho penal. “Se juzgó una cuestión política, no judiciable”, afirmó al advertir que se llegó a la condena a través de un proceso “arbitrario” y sin las garantías del debido proceso.

Baños, con 30 años de experiencia en el Poder Judicial y actualmente en el ejercicio privado, se presentó como “apolítico” y aclaró que su postura no responde a simpatías ideológicas sino a criterios estrictamente jurídicos. “No soy kirchnerista ni antikirchnerista. Soy un hombre del derecho y hablo desde lo técnico”, enfatizó.
Respecto al fallo de la Corte Suprema, señaló que hubo “serios temores de parcialidad” en los jueces actuantes, se impidió a la defensa producir prueba, se modificó la acusación durante el juicio y “se invirtió la carga de la prueba”, lo que viola el principio de inocencia. “En este proceso, prácticamente el imputado debía probar su inocencia, cuando es la fiscalía quien tiene que romper la presunción de inocencia”, remarcó.
Baños también denunció que se rompió el principio de “congruencia” y se vulneró el derecho a defensa al no permitir que los abogados presentaran pericias contables. “Se juzgaron decisiones políticas, como la realización de obras públicas, que fueron aprobadas por el Congreso en leyes de presupuesto. Si se condena a un presidente por eso, habría que condenar también a los legisladores y a decenas de funcionarios intermedios”, explicó.
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Otro punto crítico que remarcó fue la violación del principio de “acto”, base del derecho penal moderno, según el cual se castigan conductas y no personas por su ideología o pertenencia. “No se puede condenar a alguien por el cargo que ocupa si no se prueba una conducta delictiva concreta”, argumentó.
Baños citó además al juez Velardi, quien en su recurso extraordinario cuestionó que se ignoraran pruebas clave, como las leyes de presupuesto donde efectivamente se detallaban las obras por las que luego se condenó a la expresidenta. “Incluso la oposición incluyó esas obras en su propio proyecto alternativo de presupuesto, lo que vuelve todo esto aún más escandaloso”, aseguró.

“El problema no es que una expresidenta sea condenada si cometió un delito. Lo que rompe la institucionalidad es que se haga de forma arbitraria, sin pruebas suficientes, y violando principios constitucionales”, cerró.
La sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner continúa generando repercusiones y ahora suma la crítica de reconocidos especialistas que advierten sobre los riesgos de “politizar la justicia” y socavar las bases del derecho penal garantista.
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⭕El canciller Gerardo Werthein pidió a Naciones Unidas que interceda ante el Reino Unido. Consideró que existen condiciones para abrir una nueva etapa de diálogo.https://t.co/GuenXGBV6a
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