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Ayer, el gobierno nacional anunció con bombos y platillos el cierre definitivo de Vialidad Nacional, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El paquete, dicen desde Casa Rosada, busca cortar de raíz la corrupción enquistada en la obra pública, esa que –según el relato oficial– floreció durante los gobiernos kirchneristas y volvió a la escena tras el reciente fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El argumento suena claro, casi quirúrgico: si el órgano está podrido, hay que extirparlo. Pero el bisturí no siempre distingue entre el tumor y el tejido sano, y mucho menos cuando lo maneja alguien que parece más interesado en exhibir el trofeo que en curar al paciente.
Según el nuevo esquema que plantea la administración libertaria, desde Nación se licitarían más de 9000 kilómetros de rutas nacionales bajo un modelo de obras semi privadas a la chilena, como alguna vez durante la campaña presidencial se había prometido. Una versión remasterizada de la patria contratista, pero esta vez sin control estatal. Si uno se deja llevar por la estadística, esos 9000 kilómetros representarían el plan más ambicioso de las últimas décadas, superando los 2800 kilómetros construidos durante el gobierno de Mauricio Macri, los 1300 de Cristina Kirchner y los apenas 1000 de Alberto Fernández. Pero, como se dice en la calle: del dicho al hecho, hay un largo trecho. Aunque este tiene varios baches.
Porque lo cierto es que han pasado casi dos años sin una sola obra significativa en marcha, sin impulsarse obras nuevas y priorizando obras que ya estaban en ejecución durante el gobierno de Alberto Fernández, que pasaron a manos de cada provincia. Durante ese tiempo Vialidad dejó de percibir, solo en 2024, más de 350 mil millones de pesos. Lo denunció el Sindicato de Trabajadores de Vialidad: con ese presupuesto se podrían haber bacheado 3424 kilómetros de rutas y mejorado banquinas en más de 26 mil. En cambio, lo que hubo fue abandono. Silencio. Y pasto crecido hasta el asfalto.
Este gobierno se ha vuelto experto en señalar con el dedo todo lo que no funcionó antes, así como en desbaratar –con cierta eficacia teatral– algunos negocios de la política. Pero a la hora de ejecutar sus propios planes, el resultado es una mezcla de improvisación, ineficiencia y desinterés absoluto. Un loop de yerros donde nadie parece preguntarse por qué existen las instituciones que están eliminando y hasta a veces una pregunta tan simple del porqué se hacen las cosas.
Cerrar Vialidad no elimina los baches. Suprimir la Agencia de Seguridad Vial no reduce los accidentes. Desmantelar el Estado no construye un país más transparente, solo uno más vulnerable. Pero el gobierno encontró una fórmula efectiva: apelar a la corrupción como causa para justificar todo recorte, y al olvido como herramienta para que nadie reclame lo que se perdió. Si no se menciona, no existió. Si no está, no se ve. Si se destruye, se limpia.
El problema no es combatir la corrupción. El problema es usarla como excusa para demoler estructuras sin construir ninguna alternativa. Porque una república sin corrupción no se logra con ministerios vacíos, sino con instituciones fuertes, transparentes y en funcionamiento, donde la justicia actúe y encarcele a los responsables, siendo el garante del control intrapoderes.
Hoy las rutas están más rotas que nunca, los organismos de control no existen, y la obra pública es apenas una promesa dibujada en un power point. Pero el relato avanza. En el altar de la pureza ideológica, ya hay varios sacrificios. Y la ruta, esa que nadie mantiene, sigue ahí: cada vez más peligrosa, cada vez más olvidada.
⛴️ Actualizan tarifas del cruce San Javier–Porto Xavier: autos $15.000, motos $13.000 y peatones $5.000. Rigen desde este lunes https://t.co/FhLDxzAsCJ pic.twitter.com/s3RhQf4NLT
— RadioUp (@radioup955) July 7, 2025
