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Una multitudinaria protesta contra la inseguridad en México derivó en uno de los episodios más violentos del año frente al Palacio Nacional, donde la noche del sábado se desató un enfrentamiento que dejó al menos 120 heridos, entre ellos 100 agentes de policía.
La marcha, impulsada por colectivos juveniles de la Generación Z, había sido convocada para exigir respuestas ante una ola de crímenes que conmocionó al país, especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante las celebraciones por el Día de los Muertos. Su nombre se convirtió en un símbolo, con manifestantes portando carteles de “Todos somos Carlos Manzo” y sombreros vaqueros en su memoria.
La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes retiró partes del vallado que protege la sede presidencial. La Policía respondió con gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, lo que desencadenó una violenta batalla campal. Fuentes periodísticas confirmaron que la situación se prolongó varios minutos en medio de empujones, golpes y objetos arrojados.
El secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que 20 personas fueron detenidas por delitos como robo y agresión. También detalló que continúan analizando imágenes y registros para identificar a más responsables.
Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las protestas “fueron financiadas por políticos de derecha”, asegurando que se busca desestabilizar su administración. Días antes había acusado que la convocatoria estaba siendo impulsada por bots en redes sociales.
“Defendemos la libertad de expresión, pero es importante saber quién promueve estas marchas para que nadie sea manipulado”, expresó la mandataria durante un encuentro con la prensa. Aun así, remarcó que está dispuesta a escuchar los reclamos de los jóvenes.
El asesinato de Manzo se convirtió en el principal detonante del estallido. El alcalde era conocido por denunciar la presencia de cárteles de la droga en su municipio y exigir operativos más firmes contra el crimen organizado. Su muerte profundizó el malestar de una ciudadanía que siente que la violencia avanza más rápido que las respuestas oficiales.
Aunque Sheinbaum mantiene una aprobación superior al 70% en su primer año de gestión y ha obtenido resultados en la lucha contra el tráfico de fentanilo, sus críticos aseguran que la violencia sigue desbordada. Las tensiones también escalaron a nivel internacional: el Congreso de Perú la declaró persona no grata tras la crisis diplomática por el asilo otorgado a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana.
El episodio frente al Palacio Nacional expone un clima social cada vez más cargado, en un país donde los reclamos por seguridad parecen multiplicarse sin encontrar una respuesta clara.
