//
Loretta Preska volvió a fallar en contra del país en el millonario juicio por la expropiación de YPF y rechazó la solicitud del Gobierno argentino para suspender la entrega del 51% del paquete accionario de la petrolera. La decisión se suma a un fallo previo que ordenaba ceder las acciones a los fondos Burford y Eton Park, como parte de pago de una sentencia por US$16.100 millones, hoy elevada a US$17.750 millones con intereses.
La jueza del tribunal del distrito sur de Nueva York fue categórica: “La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales”, escribió en su resolución. En el mismo sentido, agregó que “continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente”.
El Gobierno había apelado la decisión y solicitado suspender la ejecución del fallo, pero no obtuvo éxito. Preska criticó que en enero de 2024 Argentina debería haber presentado una garantía para evitar embargos, lo que nunca ocurrió.
A contrarreloj para evitar el traspaso
El Ejecutivo nacional enfrenta ahora una cuenta regresiva: el plazo para transferir las acciones vence este jueves 17 de julio. Según el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, si Argentina no cumple con la entrega, “puede haber un pedido de desacato”, aunque aún no es seguro que se produzca.
La última vez que el país fue declarado en desacato fue en 2014, en el marco de la disputa con los fondos buitre, cuando el juez Thomas Griesa consideró que Argentina no cumplió con el pago de US$1300 millones.
Quien sigue el caso en nombre del Estado argentino es el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, que viajó a Nueva York para intentar frenar la embestida judicial.
“Ahora vamos a ir a la Cámara de Apelaciones no solo para que deje sin efecto la decisión de entrega de las acciones, sino también para que en lo inmediato quede suspendida la decisión de la jueza hasta que la Cámara se pronuncie”, sostuvo ante medios nacionales.
Qué puede pasar ahora
El caso queda en manos de la Cámara de Apelaciones, que aún no definió fecha para resolver. Podría fallar en dos sentidos: rechazar la entrega de las acciones o conceder a la Argentina una suspensión temporal hasta que haya sentencia definitiva.
En paralelo, Preska convocó a una audiencia para este martes en la que se analizará un pedido de los beneficiarios del fallo para embargar activos de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central, a las que consideran parte del mismo “alter ego” del Estado nacional.
Origen del conflicto
El fallo original se remonta a septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. La demanda fue impulsada por Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen, exaccionista minoritario de la petrolera.
El eje del reclamo fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pagó con bonos a Repsol, entonces accionista mayoritario, pero no ofreció condiciones similares al resto de los tenedores privados. El país apeló la sentencia, pero los demandantes intensificaron sus presiones judiciales, entre ellas, el pedido de entrega del paquete accionario en poder del Estado.
Leé también: Causa YPF: rechazan apelación del estado argentino y sigue la lucha por las acciones de la petrolera
Frente a la avanzada judicial, el presidente Javier Milei declaró la semana pasada:
“El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.
El conflicto se agrava y el Gobierno corre contra el tiempo para evitar la cesión del control accionario de la empresa energética más importante del país.
Revés para en la causa YPF: la jueza Preska rechazó suspender el fallo por la estatización. El Gobierno seguirá apelando y no descarta ir a la Corte Suprema ⚖️ https://t.co/LnsAKkGlqj pic.twitter.com/kM0iKy3GOH
— RadioUp (@radioup955) July 14, 2025
