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La causa que investiga un presunto entramado de corrupción estructural dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial con el llamado a indagatoria de 29 personas, entre ellas su ex titular, Diego Spagnuolo, ya procesado por delitos contra la administración pública.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, en línea con lo requerido por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. El proceso de indagatorias se desarrollará desde esta semana y se extenderá hasta el 26 de mayo, en lo que se considera una etapa clave para consolidar el cuerpo probatorio.
Una red bajo sospecha: funcionarios, empresarios y operadores
El expediente judicial describe la posible existencia de una estructura organizada y sostenida en el tiempo, integrada por funcionarios públicos, empresarios del rubro sanitario y presuntos intermediarios, cuyo objetivo habría sido canalizar fondos estatales hacia intereses privados mediante mecanismos irregulares.
Entre los convocados a declarar figuran también el ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como un supuesto nexo entre autoridades del organismo y empresas proveedoras, particularmente del sector de laboratorios y droguerías.
La causa apunta a determinar si existió un esquema de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios, pagos indebidos o circuitos de retornos que permitieron el drenaje de recursos públicos.
El rol de Spagnuolo y los delitos investigados
En el caso de Spagnuolo, la Justicia ya avanzó con su procesamiento por cohecho activo, fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delitos que contemplan penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos.
Su nueva indagatoria se enmarca en la ampliación de la investigación, donde se buscará profundizar sobre su grado de participación, la toma de decisiones dentro del organismo y su eventual vinculación directa con los empresarios involucrados.
Una maniobra millonaria con impacto social
Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la magnitud del presunto desfalco. Según surge de la investigación, las maniobras habrían generado un perjuicio superior a los $75.000 millones, fondos que estaban destinados a políticas públicas vinculadas a personas con discapacidad.
Este punto agrega una dimensión crítica al caso, ya que no solo se trata de un posible delito económico, sino de un impacto directo sobre sectores vulnerables, cuyos recursos habrían sido desviados.
“El entramado habría estado orientado a generar beneficios económicos ilegales en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Lijo en una resolución reciente, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal.
Medidas cautelares: inhibición de bienes y trazabilidad del dinero
Como parte de la estrategia judicial para evitar la fuga o ocultamiento de activos, el juzgado ordenó la inhibición general de bienes sobre los imputados y empresas bajo investigación. Esta medida impide vender, transferir o disponer de patrimonio mientras avanza la causa.
Además, la Justicia busca reconstruir la ruta del dinero, con el objetivo de identificar cuentas, sociedades y posibles triangulaciones financieras que hayan servido para canalizar los fondos desviados.
Lijo advirtió que los activos bajo análisis podrían ser considerados producto o instrumento del delito, lo que habilitaría su eventual decomiso y recuperación para el Estado.
Más de 20 empresarios bajo la lupa
El expediente también pone el foco sobre un grupo de más de 20 empresarios, presuntamente involucrados en la operatoria. Se investiga si estas firmas habrían sido beneficiadas de manera irregular a través de contratos con el Estado o mecanismos administrativos direccionados.
Este componente empresarial refuerza la hipótesis de una asociación ilícita o red de intereses cruzados, en la que confluyeron decisiones públicas y beneficios privados.
Etapa decisiva y proyección del caso
La ronda de indagatorias representa una instancia procesal determinante: permitirá a los imputados ejercer su defensa, pero también dará lugar a nuevas medidas de prueba, posibles ampliaciones de imputación e incluso futuros llamados a procesamiento.
En ese contexto, la causa ANDIS se consolida como uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción en organismos públicos en la Argentina reciente, tanto por su volumen económico como por su impacto institucional y social.
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