El expediente judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza este miércoles con una instancia considerada crucial por la fiscalía. En los tribunales federales se presentará a declarar Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió al funcionario el departamento ubicado en la calle Miró al 500.
La declaración de Feijoo es vista como determinante por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer las condiciones en las que se concretó la operación inmobiliaria. En particular, se intenta profundizar sobre el precio de venta, fijado en 230 mil dólares, y el esquema de financiamiento acordado entre las partes.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno al inusual acuerdo de pago: Adorni habría abonado 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses, una condición poco frecuente en el mercado y que encendió las alertas judiciales.

La jornada judicial en la causa contra Manuel Adorni
Según trascendió, la relación personal entre las partes también está bajo análisis. Testimonios previos sugieren que Feijoo mantendría un vínculo de amistad con el funcionario, dado que sus hijos comparten el mismo ámbito escolar. Este factor habría sido clave para generar la confianza necesaria que derivó en las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.
En paralelo, la jornada judicial incluirá la declaración del encargado del edificio en el barrio de Caballito, cuyo testimonio será relevante para determinar el estado del departamento al momento de la transacción.
La causa, que investiga un posible caso de enriquecimiento ilícito, ya tiene definido su cronograma para las próximas semanas. El fiscal fijó para el 6 de mayo la indagatoria de Leandro Miano, vinculado a la otra propietaria del inmueble, quien deberá presentarse con su teléfono celular y documentación que respalde los gastos de la vivienda.

Por otro lado, la declaración del contratista Matías Tabar, encargado de realizar reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.
Con estos nuevos testimonios, la Justicia busca reconstruir en detalle el entramado detrás de la operación inmobiliaria y determinar si existieron irregularidades que comprometan al funcionario en el marco de la causa.
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