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El Gobierno nacional quedó habilitado para renegociar la deuda pública en 2026 sin las limitaciones que impone la Ley de Administración Financiera, según surge del Presupuesto aprobado el viernes pasado por el Congreso y que será promulgado en los próximos días por el Poder Ejecutivo.
Sin límites: el Gobierno podrá renegociar la deuda en 2026
La iniciativa introduce modificaciones clave en los artículos 55 y 56, que reforman la normativa vigente y amplían las facultades del Ministerio de Economía para llevar adelante operaciones de administración de pasivos con mayor margen de maniobra. De este modo, el Ejecutivo podrá encarar canjes, compras y ventas de instrumentos financieros sin la obligación legal de garantizar una mejora en las tasas de interés, una reducción del capital o una extensión de los plazos, condiciones exigidas hasta ahora por el artículo 65 de la Ley 24.156.
En concreto, el nuevo articulado autoriza a realizar “operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”, incluyendo bonos, acciones, títulos, pases de monedas, tasas de interés, opciones financieras y otras transacciones habituales en los mercados de derivados. Además, estas operaciones podrán ejecutarse a través de entidades creadas específicamente para tal fin.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que la principal diferencia con el esquema anterior es que ya no se contempla la reestructuración de la deuda pública bajo el marco del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que exigía un mejoramiento de las condiciones originales de los compromisos asumidos.
La discusión parlamentaria sobre estos cambios pasó casi inadvertida durante el tratamiento del Presupuesto. En Diputados, el debate estuvo centrado en la eliminación del capítulo que derogaba las leyes de Discapacidad y Universidades, mientras que en el Senado la atención se concentró en el artículo que quitó los pisos de financiamiento para educación y ciencia. Las modificaciones vinculadas a la deuda solo fueron cuestionadas por el jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans, y la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.
Con esta reforma, el ministro de Economía, Luis Caputo, contará con mayores herramientas para negociar la deuda y otros pasivos del Estado en un contexto marcado por importantes compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina durante 2026.
