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La reciente caída de la compatibilidad entre planes sociales y empleo temporal rural en Argentina generó profunda preocupación entre los trabajadores y empleadores de Misiones. La medida, que no fue prorrogada por el gobierno nacional, deja en suspenso la posibilidad de que los beneficiarios de programas sociales puedan combinar sus ingresos con trabajos registrados en el sector rural, una herramienta que había sido fruto de años de lucha sindical.
En diálogo con Radio Up, Carmelo Rojas, subdelegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), explicó que la falta de renovación del decreto afecta directamente a la economía de los trabajadores y al funcionamiento de las actividades rurales, especialmente en momentos críticos del año. “Desde UATRE Misiones hemos solicitado la prórroga de esta norma desde julio, teniendo en cuenta que las economías regionales están peor que nunca”, afirmó Rojas, quien enfatizó que la incertidumbre sobre la continuidad de la medida genera preocupación tanto entre trabajadores como empleadores.
Impacto directo en los trabajadores rurales
La caída de la compatibilidad implica que muchos trabajadores podrían verse obligados a trabajar en negro, perdiendo beneficios sociales y derechos laborales fundamentales. Rojas subrayó que la situación golpea de manera doble: por un lado, limita la formalización del empleo; por otro, reduce ingresos y seguridad social. “Mes a mes, el salario se va achicando. Los techos paritarios del 1% mensual no alcanzan frente a la inflación, y esto representa una pérdida muy importante para la clase trabajadora”, explicó el dirigente.
El dirigente señaló que los trabajadores que antes podían combinar planes sociales con empleo registrado ahora corren el riesgo de perder tanto los beneficios sociales como la posibilidad de aportar a la seguridad social, afectando recursos fundamentales para el tesoro nacional, provincial y municipal.
Particularidades de Misiones: salarios bajos y pobreza creciente
En Misiones, la situación es aún más crítica debido a remuneraciones históricamente bajas y a la distancia de la canasta básica, lo que ha llevado a muchos trabajadores rurales a situarse en la línea de pobreza. Rojas detalló que la medida afecta especialmente a quienes participan en changas rurales, cultivos de cítricos, forestales y cosechas de yerba mate. “Con la caída de esta norma, los trabajadores se ven obligados a exponerse al trabajo informal, lo que también implica un riesgo para los empleadores en caso de accidentes o incumplimientos legales”, alertó.
El dirigente destacó que, además de los ingresos directos, la medida tiene efectos indirectos sobre la movilidad laboral, ya que algunos trabajadores deben emigrar temporalmente para sostener la alimentación de sus familias.
Consecuencias para la economía regional y el empleo formal
La falta de prórroga de la norma afecta también a la economía local. Según Rojas, al blanquear a los trabajadores, los aportes y contribuciones ingresan a todos los niveles del Estado, fortaleciendo recursos públicos y generando consumo en distintas actividades económicas. “Si no se corrige, la medida no solo perjudica a los trabajadores, sino que afecta a toda la economía regional, desde comercios locales hasta actividades productivas esenciales”, explicó.
La paralización de la cosecha de yerba mate, sumada a los bajos precios de otros productos y a la desregulación de sectores claves, profundiza la preocupación, ya que los trabajadores quedan sin alternativas para generar ingresos formales.
Historia del beneficio y riesgo de pérdida
Rojas recordó que esta compatibilidad entre planes sociales y empleo rural fue un logro de años de lucha sindical, que permitió a los trabajadores mejorar su situación económica sin perder derechos ni beneficios sociales. “Es una pena que un beneficio logrado en tres o cuatro años pueda perderse. Esto obliga al trabajador a exponerse a la informalidad y, en última instancia, a la precarización de sus condiciones laborales”, advirtió.
Además, el dirigente criticó los anuncios de reforma laboral, que a su juicio podrían profundizar la vulnerabilidad del sector rural y aumentar la desigualdad.
La incertidumbre del gobierno nacional
Hasta el momento, no hay señales del gobierno nacional sobre la prórroga del decreto, lo que mantiene en vilo a trabajadores y empleadores. Rojas aseguró que UATRE seguirá insistiendo a nivel nacional y provincial, buscando garantizar la formalización del empleo rural y la protección de los derechos de los trabajadores. “Todavía no se pierde la esperanza, pero la preocupación se profundiza día a día. Cada mes sin respuesta implica mayor vulnerabilidad para nuestros trabajadores”, concluyó.
La situación en Misiones refleja una problemática que trasciende la provincia: la compatibilidad entre planes sociales y empleo rural es una herramienta que permite a miles de trabajadores sostener a sus familias, fortalecer la economía local y generar ingresos formales, y su suspensión temporal amenaza todos esos logros.
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