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El Gobierno nacional reactivó el proyecto de “modernización laboral” que busca flexibilizar convenios, extender períodos de prueba, limitar juicios laborales y digitalizar registros. Mientras Milei promete una “revolución pro empleo”, los sindicatos alertan sobre una avanzada regresiva contra derechos conquistados.
La nueva ofensiva libertaria tras la victoria electoral
Empoderado por un triunfo electoral contundente, que consolidó a La Libertad Avanza como la primera fuerza nacional con más del 40% de los votos y dominio en 16 provincias, el presidente Javier Milei confirmó que la reforma laboral será una de las primeras leyes del nuevo paquete de transformaciones estructurales que planea discutir en el Congreso durante 2026.
“Debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, afirmó Milei en una entrevista con A24, al tiempo que lanzó una advertencia directa a la CGT: “Los sindicatos saben que esto no funciona; si lo piensan como negocio, están liquidados”.
Con este mensaje, el mandatario marcó el tono de lo que promete ser uno de los debates más intensos de su gestión: la redefinición del modelo laboral argentino, vigente desde mediados del siglo XX.
El texto base: la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
El punto de partida del Gobierno es el proyecto titulado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentado a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, estrecha colaboradora de Karina Milei. La iniciativa busca estimular la contratación formal, especialmente en pymes, mediante beneficios fiscales y flexibilización administrativa, retomando parte del DNU 70/2023, suspendido por la Justicia tras los amparos presentados por la CGT y la CTA.
La propuesta actúa como una base de consenso interno en el oficialismo: combina incentivos económicos con un rediseño normativo que busca “adaptar la legislación a la realidad del siglo XXI”, según explicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los arquitectos del plan y ex abogado del Grupo Techint.
Qué propone la nueva reforma laboral
La iniciativa del Ejecutivo plantea una serie de modificaciones profundas en la estructura actual del empleo formal. Los principales puntos son:
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Convenios colectivos por empresa, con autonomía para fijar condiciones laborales y salariales.
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Incrementos por productividad o desempeño individual, en reemplazo de las paritarias generales.
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Extensión del período de prueba de tres a seis meses —y hasta doce para pymes—, con posibilidad de rescisión sin indemnización.
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Digitalización total de registros laborales, simplificación de trámites y desburocratización de altas y bajas.
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Creación del “banco de horas”, que habilita reorganizar jornadas según la demanda del empleador.
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Fondos de cese laboral, sustituyendo la indemnización tradicional por un esquema de capitalización individual o mutual.
El texto también habilita prácticas que ya generaron fuerte controversia: fragmentar vacaciones, ampliar la jornada laboral a 12 horas, pagar parte del salario en vales o tickets y abonar indemnizaciones en cuotas, una medida que, según la Corte Suprema, ya vulneró derechos adquiridos en fallos anteriores.
Un proyecto con herencia del DNU 70/23 y ecos de los 90
Aunque presentada como “nueva”, la propuesta recupera la arquitectura del capítulo IV del DNU 70/2023, aquel que la Justicia suspendió por inconstitucional al considerar que afectaba el principio de progresividad laboral. Entre sus similitudes están la flexibilización de las condiciones de despido, la reducción de multas por registración irregular y la posibilidad de que los acuerdos empresariales prevalezcan sobre los convenios colectivos de rama.
La estrategia recuerda al proceso de desregulación laboral impulsado en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem. En aquel entonces, se aplicó el decreto 1334/1992, que habilitaba aumentos salariales atados a la productividad. El actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, retomó ese concepto al hablar de “paritarias dinámicas” y “modernización adaptativa”, en foros como el coloquio de IDEA y las comisiones parlamentarias.
El rol de los actores clave y el Consejo de Mayo
El nuevo proyecto será sometido a debate dentro del Consejo de Mayo, ámbito de diálogo tripartito donde participan representantes del Gobierno, empresarios y un único delegado sindical: Gerardo Martínez, de la UOCRA. Del lado empresarial, el referente es Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), quien respalda la flexibilización como “una oportunidad histórica para generar empleo formal”.
Martínez, en cambio, fue tajante: “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno como solución a todos los males que acumula nuestro país no es más que la ratificación del DNU 70/23, decisión inconsulta y judicializada con éxito por nuestra central sindical”.
La CGT advierte que el Ejecutivo busca “eliminar la ultraactividad”, una figura clave que mantiene vigentes los convenios colectivos hasta que se negocie uno nuevo. Su reemplazo por acuerdos temporales o por empresa podría, según la central obrera, fragmentar el poder sindical y debilitar la protección colectiva.
Salarios dinámicos, productividad y el debate filosófico
El modelo de “salarios dinámicos” propuesto por el Gobierno pretende modificar la estructura de las paritarias: en lugar de fijar pisos mínimos, se establecerían techos de referencia. Además, se eliminaría la indexación automática por inflación, reemplazándola por ajustes ligados al desempeño y la situación económica del sector.
Para Milei y Sturzenegger, se trata de “alinear los incentivos del trabajador y el empleador” y romper con lo que consideran una “lógica de privilegios sindicales”. Pero los gremios y analistas laborales advierten que la medida desprotege al asalariado, promueve competencia individual dentro de las empresas y rompe la negociación colectiva.
Los datos oficiales respaldan la preocupación: desde el inicio de la gestión libertaria se perdieron más de 205.000 empleos registrados, de los cuales 126.000 corresponden al sector privado formal. En paralelo, creció la precarización y la caída real de los ingresos, mientras el salario mínimo perdió más de 30% de su poder adquisitivo en términos interanuales.
El objetivo oculto: formalizar sin proteger
Según la visión del Ejecutivo, el nuevo régimen permitirá incorporar al sistema formal a unos 8 millones de trabajadores informales, reduciendo la evasión y duplicando los aportes jubilatorios. “Es la única manera de reconstruir el mercado de trabajo y sostener el sistema previsional”, dijo Milei, quien busca anclar la reforma previsional a esta modernización.
Sin embargo, el costo social es alto. Diversos estudios —entre ellos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)— advierten que la reducción de costos laborales no garantiza creación de empleo, y que las reformas de este tipo en América Latina (como en Brasil y México) aumentaron la informalidad y la desigualdad salarial.
La reforma previsional: el siguiente paso
El Gobierno proyecta además una reforma previsional integral, que buscará homogeneizar los más de 100 regímenes jubilatorios y establecer un esquema mixto: un haber proporcional a los aportes y una prestación universal básica, similar a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).
Desde la eliminación de las moratorias previsionales en marzo, la PUAM se convirtió en la única alternativa para quienes no acreditan 30 años de aportes, afectando sobre todo a mujeres, trabajadores informales y monotributistas. La jubilación mínima —que hoy percibe el 60% de los beneficiarios— se encuentra 5,5% por debajo de su poder adquisitivo de 2023, mientras los haberes medios se estancan frente a la inflación.
Milei justificó la postergación de este debate argumentando que “solo puede encararse seriamente cuando se recompone el mercado de trabajo”. Pero la oposición y los gremios ven allí una estrategia para consolidar un sistema previsional más reducido y privatizado.
Un contexto social en tensión
El debate llega en medio de una crisis económica y social sin precedentes: la inflación acumulada supera el 180% interanual, el salario real cayó 25% en promedio y más del 55% de los argentinos vive en situación de pobreza. En este escenario, la promesa de “liberar el mercado” genera inquietud sobre su impacto real en los sectores más vulnerables.
La CTA Autónoma, los movimientos sociales y varias centrales provinciales preparan un plan de acción contra la reforma, mientras el Gobierno insiste en que “no habrá marcha atrás”. Sturzenegger sintetizó la filosofía oficial:
“Hace medio siglo que tenemos una legislación pensada para un país que ya no existe. Si queremos crecer, tenemos que romper los moldes del pasado”.
Lo que viene: diciembre y el debate de 2026
El borrador final de la reforma laboral será presentado el 15 de diciembre, en el marco de una convocatoria del Consejo de Mayo. El tratamiento parlamentario se extenderá durante 2026, junto con las reformas tributaria y previsional, conformando el núcleo del “Segundo Pacto de Mayo”.
El verdadero debate que se aproxima no será solo técnico, sino filosófico y social:
¿Es la flexibilización laboral el camino para salir de la informalidad y atraer inversiones, o una puerta abierta a la precarización y la pérdida de derechos conquistados durante décadas?
En el centro de esa disputa, Javier Milei apuesta a consolidar su proyecto más ambicioso: redefinir el trabajo en la Argentina del siglo XXI.
¿Modernizar o desproteger?
La discusión sobre la reforma laboral de Javier Milei trasciende el plano técnico y se instala en el corazón del debate político argentino: hasta qué punto la eficiencia puede reemplazar a la justicia social. Mientras el Gobierno defiende la flexibilización como una vía hacia la competitividad y la formalización, crece la preocupación por el retroceso de conquistas históricas que costaron décadas de lucha sindical y resistencia obrera.
En nombre de la modernización, el nuevo paradigma propone un trabajador más productivo pero también más solo, con menos poder de negociación y derechos sujetos al rendimiento. El desafío, quizá, no sea adaptar el trabajo al mercado, sino reconstruir un modelo laboral que combine libertad económica con dignidad humana. Porque detrás de cada reforma, lo que realmente se redefine no es una ley, sino el valor que la sociedad le otorga al trabajo y a quien lo realiza.
“Estados Unidos le dio una excusa a los libertarios para hablar en redes y generar positividad” https://t.co/El1YyTTiTV pic.twitter.com/EAT0c8Z8Xu
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