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Un enviado de la Casa Blanca mantuvo reuniones secretas con funcionarios y empresarios en Buenos Aires para revisar las condiciones de acceso al comercio bilateral.
En medio de la guerra comercial global desatada por Washington, el gobierno argentino comenzó negociaciones cara a cara con Estados Unidos para mitigar el impacto de la suba de aranceles impulsada por el presidente Donald Trump. La novedad: un funcionario del Departamento de Estado visitó el país en absoluta reserva para avanzar en una lista de excepciones arancelarias recíprocas.
El enviado fue Robert Garverick, subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado, quien mantuvo reuniones discretas en Buenos Aires con funcionarios del gobierno de Javier Milei y representantes del sector privado. Aunque ni la Casa Rosada ni la embajada norteamericana difundieron oficialmente la agenda, fuentes del sector confirmaron que el eje de los encuentros fue la revisión de barreras al comercio que Estados Unidos exige remover para avanzar en un acuerdo arancelario.
Según trascendió, la propuesta en discusión consiste en exceptuar mutuamente entre 50 y 150 productos de los aranceles del 10% que Estados Unidos reactivó —salvo para China— como parte de sus medidas proteccionistas. El Mercosur ya dio el visto bueno a la “ampliación temporal” de la lista de excepciones al Arancel Externo Común, lo que permite a Argentina flexibilizar su política comercial en forma bilateral con Washington.
La Cancillería estima que esas 50 posiciones podrían representar hasta el 80% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos, es decir, alrededor de 5.000 millones de dólares anuales. Para muchos productos clave, como alimentos, químicos y vegetales, el impacto del arancel recíproco fue abrupto: en algunos casos, la tarifa se multiplicó por diez desde la entrada en vigencia del nuevo régimen.
El canciller Gerardo Werthein se comprometió en abril a revisar 16 puntos críticos que la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) identificó como “barreras al comercio exterior”. Entre ellos se encuentran la restricción de importaciones, el acceso al mercado cambiario, licencias no automáticas, controles aduaneros, transparencia regulatoria, derechos de propiedad intelectual, y hasta regulaciones audiovisuales y del sector TIC.
En una reciente declaración, el presidente Milei aseguró que “ya se cumplieron 9 de los 16 requerimientos” y ordenó acelerar el cumplimiento del resto para facilitar el avance de las negociaciones bilaterales. El objetivo, según fuentes oficiales, es consolidar un esquema de comercio abierto con Estados Unidos sin comprometer el liderazgo regional del Mercosur.
Sin embargo, las tensiones geopolíticas añaden presión al diálogo. Durante su estadía, Garverick también sondeó el vínculo de Argentina con China, país que figura en el centro de la disputa comercial global de Washington. Hace tres semanas, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, recomendó que Argentina cancele su acuerdo de swap con el gobierno chino, lo que desató una reacción inmediata de Pekín.
La visita del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, a la base naval de Ushuaia la semana pasada fue interpretada como un nuevo gesto de la Casa Blanca en su disputa por la influencia en América del Sur. En ese contexto, las negociaciones arancelarias entre Argentina y Estados Unidos adquieren una dimensión geoestratégica que trasciende lo comercial.
Mientras el gobierno argentino busca cerrar un acuerdo pragmático que permita aliviar la carga tributaria sobre sus exportaciones, Washington avanza con su agenda de reformas estructurales. El tablero está en movimiento, y la clave será hasta dónde está dispuesto Milei a ceder para mantener el favor de una potencia en plena ofensiva global.
Impacto directo en Argentina
Desde el punto de vista económico, una eventual rebaja arancelaria recíproca con Estados Unidos representaría un alivio clave para sectores exportadores como el agroindustrial, el químico y el alimentario, que vieron crecer sus costos de acceso al mercado norteamericano en los últimos meses.
Dada la magnitud del comercio bilateral —más de 5.000 millones de dólares anuales en exportaciones—, la eliminación de aranceles sobre 50 productos permitiría mejorar la competitividad externa sin necesidad de devaluar ni otorgar subsidios internos. En un contexto de recesión y caída del consumo, fortalecer las ventas externas aparece como una de las pocas herramientas disponibles para dinamizar la economía.
Políticamente, el acuerdo permitiría al gobierno de Javier Milei presentar un logro concreto en materia de inserción internacional, en línea con su narrativa de alineamiento con Occidente y de desregulación del comercio.
Sin embargo, cumplir con los 16 requerimientos de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos implica desmontar barreras que hoy protegen a sectores sensibles de la economía local. Desde restricciones cambiarias hasta regulaciones sanitarias o aduaneras, muchas de estas medidas son vistas como necesarias para contener el desbalance comercial y evitar una salida masiva de divisas. El desafío será avanzar sin agravar la fragilidad macroeconómica.
Además, el hecho de que estas negociaciones se den en el marco de una creciente presión geopolítica para alejarse de China sitúa a la Argentina en una disyuntiva delicada. El swap con el país asiático representa una fuente clave de respaldo a las reservas del Banco Central, y una ruptura abrupta podría complicar aún más la situación financiera. Aceptar exigencias de Washington sin provocar represalias de Pekín será una tarea diplomática compleja.
En este contexto, la política exterior de Milei se enfrenta a su primer gran test: sostener una alianza estratégica con Estados Unidos sin perder los puentes que hoy sostienen buena parte del andamiaje económico nacional.
