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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó un fallo favorable a la República Argentina en el marco de una causa judicial iniciada por fondos acreedores que acusaban al país de manipular las estadísticas de crecimiento económico con el objetivo de evitar pagos correspondientes a los llamados “cupones PBI”. La decisión judicial ratifica el fallo previo de la jueza federal Loretta Preska, quien había rechazado las demandas por considerar que no se probó un accionar fraudulento por parte del Estado argentino.
Este nuevo revés para los fondos demandantes representa un respiro para las finanzas nacionales, en medio de un complejo escenario internacional de litigios por deuda. Los “cupones PBI” fueron un instrumento financiero incluido en la reestructuración de deuda de 2005, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, con el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna. El mecanismo ofrecía a los acreedores un pago adicional vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno, con el compromiso de abonar ese extra sólo si el país superaba una meta de crecimiento determinada.
Acusación a la Argentina
Años después, con el aumento de los litigios internacionales contra Argentina, surgieron acusaciones que sostenían que el gobierno nacional habría manipulado las cifras oficiales —particularmente desde 2013— para evitar el cumplimiento de esas cláusulas de pago. La denuncia fue impulsada por grupos de bonistas que consideraron que el Indec habría publicado estadísticas subestimadas del PBI para impedir el gatillo automático de los pagos adicionales.
En el caso específico que se tramitó en Estados Unidos, el tribunal determinó que no existen pruebas suficientes de que se haya incurrido en un fraude deliberado, ni de que las cifras hayan sido falseadas con la intención de evitar los pagos. La decisión refuerza el argumento presentado por la defensa argentina de que las variaciones metodológicas en los índices estadísticos respondieron a criterios técnicos y no a una estrategia dolosa.
La resolución fue celebrada en ámbitos financieros y jurídicos, ya que implica una sentencia firme a favor de Argentina en uno de los escenarios judiciales más relevantes a nivel internacional. No obstante, la situación contrasta con lo resuelto por la Justicia británica en octubre de 2023, cuando un tribunal de Londres falló a favor de los acreedores en una causa similar, condenando al país a pagar 1.300 millones de euros por incumplimientos vinculados al mismo bono atado al crecimiento.
¿A qué se enfrenta Argentina?
La coexistencia de fallos dispares en distintas jurisdicciones pone en evidencia la complejidad legal que enfrenta la Argentina tras las múltiples reestructuraciones de deuda, tanto durante la década del 2000 como en etapas más recientes. Mientras en Estados Unidos los jueces consideraron que no se violaron los términos contractuales de los cupones PBI, en Reino Unido se impuso la visión contraria, con el argumento de que los datos presentados por el Estado no reflejaban el crecimiento real de la economía.
En este contexto, el fallo del Segundo Circuito representa un precedente importante para futuras disputas. También da oxígeno a la estrategia jurídica del país, que busca evitar nuevos fallos adversos en cortes internacionales por temas vinculados a deuda externa.
La resolución puede influir en los casos que siguen abiertos y en el clima general de negociación con bonistas y organismos multilaterales. Además, envía una señal a los mercados respecto al grado de responsabilidad institucional en el tratamiento judicial de la deuda argentina.
Si bien el panorama judicial internacional sigue siendo diverso y fragmentado, este nuevo dictamen en favor de Argentina en la causa de los cupones PBI representa una victoria simbólica y práctica, en medio de una etapa marcada por el ajuste fiscal, los litigios heredados y la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica.
