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Ante la reciente aparición de pintadas con amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de distintas localidades de Misiones, la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recomendó priorizar la calma institucional, el resguardo físico y la contención emocional de los estudiantes, al tiempo que instó a aplicar medidas preventivas y protocolos de actuación.
Desde el organismo, que depende de la Vicegobernación, remarcaron la importancia de no minimizar este tipo de hechos, incluso cuando pudieran estar vinculados a retos virales. En ese sentido, señalaron que toda amenaza debe ser investigada por la Justicia y la Policía, ya que puede generar temor colectivo y poner en riesgo a la comunidad educativa.
El protocolo indica que, ante la detección de una amenaza —ya sea mediante pintadas o mensajes digitales—, es fundamental dar aviso inmediato a las autoridades escolares y a los servicios de emergencia, incluyendo la Policía y la Dirección de Salud Pública, con el fin de activar medidas de resguardo, como la custodia policial.
Otro de los puntos centrales es el refuerzo del control de accesos a los establecimientos, así como la posibilidad de solicitar presencia preventiva en las inmediaciones. Además, se recomienda evitar la difusión de imágenes en redes sociales, para impedir el denominado “efecto contagio” y la revictimización de los estudiantes.
Desde la Defensoría destacaron también el trabajo conjunto que vienen realizando la Policía de Misiones y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, mediante procedimientos judiciales, ciberpatrullaje y acciones articuladas con docentes y familias, con el objetivo de fortalecer la prevención.
Un abordaje integral y con enfoque de derechos
El organismo subrayó que todas las intervenciones deben realizarse con un enfoque de niñez y adolescencia, promoviendo espacios de confianza para que los estudiantes puedan expresar sus temores sin ser juzgados. Asimismo, recomendaron informar a las familias de manera clara y responsable, evitando generar pánico o desinformación.
En caso de entrevistas o indagaciones, se insistió en la necesidad de que estas sean respetuosas de los derechos de los menores, evitando cualquier tipo de exposición innecesaria o situaciones que puedan agravar el contexto.
Otro aspecto clave es el abordaje de la salud mental y la convivencia escolar, para lo cual se propone activar equipos interdisciplinarios —como psicólogos y trabajadores sociales— que acompañen a la comunidad educativa luego de estos episodios.
En esa línea, se valoró la implementación de talleres de convivencia digital, impulsados por el Ministerio de Educación, orientados al uso responsable de redes sociales y a la identificación de contenidos violentos o desafíos peligrosos.
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Responsabilidad compartida y marco legal
En caso de identificarse a un estudiante como autor, la Defensoría recomendó promover instancias de reconocimiento del daño causado y acciones reparatorias, con la participación activa de su familia, priorizando siempre el acompañamiento institucional.
Finalmente, recordaron que las amenazas están contempladas en el Artículo 211 del Código Penal, con penas que van de 2 a 6 años de prisión, al tratarse de conductas que pueden generar temor público.
Ante situaciones de posible violencia o maltrato vinculadas a estos hechos, se reiteró la importancia de recurrir a líneas de asistencia como el 911, 102 o 137, donde se brinda orientación especializada.
De esta manera, desde la Defensoría insistieron en que el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad colectiva, que requiere compromiso, prevención y respuestas coordinadas.
Misiones realizará el primer congreso provincial de convivencia escolar con eje en el bienestar estudiantil https://t.co/kAen4rOIv1
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