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El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Óscar Alpa, afirmó que la reciente jornada de movilización en universidades públicas de todo el país fue “una expresión contundente” en defensa de la educación superior y en apoyo al nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario presentado en el Congreso. En declaraciones al programa “La última rosca” de Radio Up, Alpa sostuvo que la propuesta “no crea nuevos impuestos” y busca asegurar recursos mediante un porcentaje de las rentas generales de Nación.
“No fue una tercera marcha federal como el año pasado, pero sí una fuerte movilización territorial para visibilizar la falta de presupuesto”, destacó.
Los puntos clave del proyecto: salarios, funcionamiento y becas
Alpa explicó que la iniciativa presentada por el CIN incorpora mejoras respecto a la ley que fue vetada en 2024. El nuevo texto garantiza la actualización salarial por paritarias y de los gastos de funcionamiento con base en noviembre de 2023, e incluye un artículo específico sobre becas estudiantiles.
“El veto se justificó diciendo que no había fuente de financiamiento, pero las rentas generales crecieron por encima de la inflación. Lo que proponemos ahora es destinar un porcentaje de esos ingresos a las universidades”, sostuvo.
La referencia es al modelo vigente en el estado brasileño de San Pablo, donde las universidades reciben un porcentaje directo de los impuestos provinciales.
Renuncias docentes y el impacto en el sistema
Uno de los datos más preocupantes que reveló Alpa es que en los últimos diez meses, el 5% del plantel docente universitario renunció. “Si eso se replica en todo el sistema, hablamos de 10.000 docentes menos”, alertó. Las razones: bajos sueldos, multiempleo y la falta de horizonte profesional.
“Tenemos docentes con 10 o 15 años de formación que dejan la universidad porque ganan 200 mil pesos y prefieren dedicarse a otra actividad”, dijo. “Muchos investigadores ya se están yendo del país”.
Cambios en la matrícula: más estudiantes que trabajan y menos movilidad
Respecto al abandono estudiantil, Alpa advirtió que todavía no hay estadísticas completas pero sí una tendencia clara: “Cada vez más estudiantes tienen que trabajar, cursan menos materias o se inscriben en una sola. Eso hace difícil medir la deserción, pero va a impactar”.
Además, señaló que se ha reducido significativamente la movilidad académica: “Antes era habitual que los jóvenes del interior se trasladaran a estudiar a Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Hoy se quedan en sus localidades o incluso abandonan la cursada”.
La campaña del millón de firmas y la presión al Congreso
Para reforzar el reclamo, el CIN impulsa una campaña nacional para juntar un millón de firmas que respalden la ley. Las adhesiones se reciben en planillas físicas o a través de un formulario digital con código QR difundido por las universidades. “Ya estamos muy cerca de alcanzar el millón. La comunidad educativa está comprometida en todo el país”, afirmó Alpa.
Respecto a las expectativas legislativas, consideró que el Congreso “tiene la responsabilidad constitucional” de legislar y recordó que la ley vetada en 2024 fue aprobada con amplia mayoría. “Si el Ejecutivo vuelve a vetarla por motivos políticos, entonces dejemos de hablar de una república”, expresó. “Esta discusión no es partidaria, es política: no podemos perder en meses lo que tardamos décadas en construir”.
Sin candidatura, pero con compromiso
Finalmente, consultado sobre una posible candidatura en las elecciones de octubre, Alpa fue contundente: “No creo que sea el momento. Estoy absolutamente comprometido con el sistema universitario y con el trabajo del CIN. Queremos fortalecer la universidad pública, no usarla como trampolín”.
