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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que recurrirá a la Justicia para evitar la designación de veedores solicitada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que había argumentado la existencia de “graves irregularidades” en los procesos administrativos de la entidad.
En un duro comunicado, la institución que encabeza Claudio Tapia calificó la medida como “ilegítima” y sostuvo que responde a una “finalidad política ajena a la ley”. Además, anticipó que agotará todas las instancias judiciales para revertir la resolución, incluyendo una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si fuera necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Acusaciones cruzadas y cuestionamientos legales
En el extenso escrito difundido públicamente, la AFA cuestionó la coherencia del planteo de la IGJ. “No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, expresó la entidad.
La IGJ había mencionado supuestas irregularidades como “millones de dólares de origen y destino desconocido” y la existencia de una “sede social falsa”. Sin embargo, la AFA subrayó que el propio organismo sostuvo que la veeduría “no implica sanción ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”. Para la conducción del fútbol argentino, si los hechos fueran efectivamente graves, correspondería la aplicación de sanciones formales y no una medida que calificó como “preparatoria”.
En relación con los balances, la AFA negó que existan ejercicios contables sin presentar desde hace más de ocho años y aseguró que los correspondientes al período 2017-2024 fueron entregados “en tiempo y forma”, aunque reconoció que existen “vistas pendientes”, lo que implica que el trámite administrativo continúa abierto.
Sobre el ejercicio 2025, explicó que no fue presentado ante la IGJ debido a que desde noviembre de 2024 el domicilio legal de la entidad se encuentra inscripto en la Provincia de Buenos Aires.
El conflicto por la sede y la disputa de jurisdicción
Uno de los ejes centrales de la controversia es la mudanza de la sede a Pilar. La IGJ consideró que se trata de una “sede falsa” por la presunta ausencia de oficinas en el predio. La AFA, en cambio, afirmó que el cambio fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción se encuentra vigente.
La entidad también recordó como antecedente el caso del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que en 2023 fue objeto de una intervención impulsada por la IGJ y posteriormente anulada por la Justicia por “violación al debido proceso”. Según la AFA, la metodología aplicada en aquella oportunidad sería similar a la actual.
En ese marco, la conducción del fútbol argentino denunció que quedó en medio de una disputa de poderes entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre la entidad, y advirtió que el deporte está siendo utilizado como “campo de batalla” en una confrontación política ajena a su funcionamiento institucional.
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La sospecha sobre las SAD
En otro tramo del comunicado, la AFA vinculó la decisión con el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Según expresó, la intromisión tendría como objetivo debilitar institucionalmente a la entidad para facilitar la implementación de ese modelo en el fútbol argentino.
“No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, sostuvo.
En el cierre, la institución envió un mensaje directo a clubes, socios e hinchas: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretendan convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”.
Con la presentación judicial anunciada para las próximas horas, el conflicto entre la AFA y la IGJ escaló a un nuevo nivel y promete trasladarse ahora al ámbito de los tribunales.
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