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El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lograron este miércoles un acuerdo que permitirá actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de garantizar recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio de todo el país.
El entendimiento llegó luego de varias semanas de negociaciones marcadas por reclamos salariales, advertencias de medidas de fuerza y una creciente preocupación por la situación presupuestaria del sistema universitario.
La propuesta acordada contempla una recomposición salarial total del 24,33%, que se aplicará en dos etapas: un incremento del 21,33% sobre los haberes de mayo que impactará en los salarios de junio, y un segundo ajuste del 3% previsto para octubre.
Según trascendió, la actualización salarial incluye la recuperación de siete puntos correspondientes a 2024, otros 12,33 puntos vinculados a 2025 y una compensación adicional destinada a reducir la pérdida acumulada del poder adquisitivo hasta mayo de 2026.
Además de la cuestión salarial, las partes acordaron incrementar en un 50% los fondos destinados al Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta clave para acompañar a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo del país.
Otro de los puntos incluidos en el acuerdo fue la asignación de 50 mil millones de pesos para el sostenimiento de hospitales universitarios, un reclamo que había sido impulsado especialmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde el Gobierno destacaron el resultado de las negociaciones y consideraron que el acuerdo permite atender las demandas más urgentes del sistema universitario sin comprometer el equilibrio fiscal. En el oficialismo sostienen que las cifras ofrecidas eran el límite posible dentro del esquema económico vigente y que la necesidad de recursos terminó facilitando el acercamiento con los rectores.
No obstante, el acuerdo no implica el cierre definitivo del conflicto. Las autoridades universitarias ratificaron que continuarán impulsando la demanda judicial para que el Estado nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el Poder Ejecutivo y cuyo futuro permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, los gremios docentes valoraron positivamente el entendimiento alcanzado. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) señalaron que la convocatoria a paritarias y la presentación de una propuesta salarial representan un avance luego de más de dos años de reclamos y movilizaciones.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que el incremento del 24,33% constituye un paso importante para comenzar a recuperar los salarios perdidos durante los últimos años, aunque aclaró que las demandas del sector continúan vigentes y que seguirán reclamando una recomposición integral de los ingresos de los trabajadores universitarios.
De esta manera, mientras se garantiza un alivio inmediato para las universidades y sus trabajadores, la discusión de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario argentino sigue abierta y a la espera de una definición judicial que podría marcar el rumbo de la educación superior pública en los próximos años.
