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La Asociación Civil Orembae sostuvo que el proyecto de la represa hidroeléctrica Corpus Christi, en el emplazamiento de Pindo-í, no cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según una respuesta oficial emitida por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones ante un pedido de acceso a la información pública ambiental.
De acuerdo con la entidad, la información fue remitida en el marco del expediente N.° 9910-114/2026 y confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por el proponente, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental, audiencias públicas o una Declaración de Impacto Ambiental vinculada al proyecto.
Desde Orembae señalaron que esta situación implica que la dimensión ambiental de la iniciativa “nunca fue evaluada por el procedimiento que la ley exige”, por lo que consideraron que las declaraciones realizadas por impulsores de la obra sobre un supuesto bajo nivel de afectación carecen de sustento técnico y legal.
Cuestionamientos a los argumentos sobre el impacto de la obra
La asociación apuntó contra las manifestaciones de representantes de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP) y otros promotores del emprendimiento, quienes en distintas exposiciones públicas sostuvieron que la represa tendría un “impacto ambiental mínimo”, afectaría a pocas familias y no ocasionaría daños significativos a la Selva Paranaense.
Según Orembae, no es posible determinar la magnitud de los efectos ambientales sin la realización previa de una Evaluación de Impacto Ambiental, instrumento que consideran indispensable para medir y analizar las consecuencias de una obra de estas características.
En ese sentido, remarcaron que los estudios de prefactibilidad mencionados por los impulsores del proyecto no reemplazan a una evaluación ambiental, ya que ambos procedimientos tienen objetivos, alcances y exigencias legales diferentes.
Referencias a la legislación ambiental
La organización recordó que la Ley General del Ambiente (25.675) establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental antes de la ejecución de obras susceptibles de generar degradación ambiental. Asimismo, mencionó las disposiciones del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantizan el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
Bajo esos argumentos, Orembae consideró improcedente avanzar en la convocatoria a un nuevo plebiscito sobre la represa sin que exista información ambiental completa y de acceso público.
La entidad también invocó el principio precautorio, al sostener que la Selva Paranaense constituye uno de los principales remanentes de la Mata Atlántica en Argentina y que, ante la posibilidad de daños graves o irreversibles, la ausencia de estudios no puede interpretarse como una habilitación para avanzar con el proyecto.
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Los reclamos planteados
En el comunicado difundido públicamente, Orembae reclamó:
- El cese de la difusión de afirmaciones sobre supuestos impactos mínimos sin respaldo técnico ni legal.
- El respeto a la decisión popular adoptada en 1996 y al marco normativo provincial que, según la entidad, prohíbe la represa.
- La no convocatoria a un plebiscito mientras no exista información ambiental completa, independiente y pública sobre el proyecto.
- La garantía del acceso a la información pública ambiental para toda la ciudadanía.
Al respecto, el abogado Martín Ferroni, representante legal de la asociación, afirmó que durante meses se aseguró que el impacto de la obra sería reducido, pero que al solicitar los estudios correspondientes la respuesta oficial indicó que no existe ninguna evaluación ambiental.
“No discutimos cifras: denunciamos que esas cifras nunca se midieron. No se le puede pedir a Misiones que vuelva a votar sobre una represa a ciegas”, expresó el letrado.
Crisis en Linor: llegaron los telegramas de despidos y se concretó el cierre del aserraderohttps://t.co/TROJhqbYei pic.twitter.com/JqWJeCjvqk
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