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Gobernar desde la negación del peligro real en el que se encuentran miles de mujeres y niñas es una violencia institucional explícita. El desmantelamiento sistemático de las políticas de género en Argentina no es un ajuste fiscal; es una decisión ideológica que desprotege vidas de manera inmediata en nombre de una batalla cultural abstracta. En vísperas de una nueva movilización nacional, las mujeres, niñas y disidencias habitan un desamparo institucional absoluto, donde la narrativa oficial valida la inacción judicial y envalentona a los agresores.
Las ausencias de los últimos meses tienen nombres propios, proyectos truncados y hogares vacíos que el relato oficial de Javier Milei elige ignorar. El luto no es una abstracción que se pueda borrar por decreto. El dolor y la desesperación de las familias destruidas se chocan de frente con el cinismo gubernamental. Mientras desde los atriles presidenciales se insiste con frialdad en que la violencia no tiene género, los cuerpos de las mujeres y niñas asesinadas exponen la urgencia de una realidad fáctica.
Al disolver los ministerios, cerrar canales de asistencia esenciales y desfinanciar los programas de prevención, la gestión actual no eliminó la burocracia: destruyó el refugio. El ensañamiento con el que Milei ataca las conquistas históricas de las mujeres instala la mentira de que estas herramientas eran «cajas políticas», omitiendo de forma deliberada que constituían la única red que sostenía a miles de personas vulnerables. Hoy, esas redes vitales ya no existen
Lo más alarmante es el giro ideológico que busca dar vuelta la naturaleza de la emergencia. Al colocar la agenda de las «falsas denuncias» como eje prioritario del discurso oficial y militar el negacionismo de la violencia estructural, el presidente envía un mensaje devastador: la palabra de la víctima carece de valor. Esta retórica oficial funciona como la coartada perfecta para una Justicia que demora, archiva y llega siempre tarde; un Poder Judicial burocrático cuyo letargo deja a las denunciantes a merced de sus agresores. Los violentos se sienten respaldados y legitimados por la inacción del Estado.
Gobernar implica fijar prioridades, y la de esta gestión es la imposición de un relato violento por encima de la vida humana. No se puede combatir lo que se niega por capricho ideológico. Cada vez que el presidente o sus funcionarios minimizan la violencia de género, desamparan a la mujer que intenta denunciar a su agresor, profundizando su desprotección absoluta.
El Ni Una Menos nació como un grito de hartazgo colectivo y urgencia vital, y en estos tiempos que corren más que nunca es necesario reivindicarlo. Porque cuando a un modelo le incómoda más el FEMINISMO que los FEMICIDIOS, ya no se trata de diferencias políticas, se trata de UNA DIFERENCIA MORAL ABISMAL.
