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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las reformas tributarias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Javier Milei, al considerar que se trata de medidas “regresivas” que impactan directamente sobre los trabajadores y el consumo. La entidad sostuvo que los cambios propuestos no atacan los problemas estructurales del sistema impositivo argentino y reclamó la convocatoria urgente a un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios.
Entre las iniciativas analizadas figuran la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la extensión del IVA a productos actualmente exentos y la actualización de las categorías del Monotributo. Según CAME, estas modificaciones trasladan una mayor carga tributaria a los sectores asalariados y de menores ingresos, sin avanzar sobre tributos que considera perjudiciales para la inversión y la generación de empleo formal.
La organización empresarial señaló que el FMI omite en su diagnóstico el peso de los impuestos provinciales y municipales, particularmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas locales. De acuerdo con la entidad, estos gravámenes representan entre el 2% y el 6% de la facturación bruta de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento de Ingresos Brutos como un “impuesto en cascada”, ya que se acumula en cada etapa de la cadena productiva y termina incrementando los costos. A esto se suma, según CAME, la generación de saldos a favor producto de regímenes de retención y percepción que superan el monto efectivamente adeudado por los contribuyentes.
La entidad explicó que, aunque esos excedentes deberían ser compensados o reintegrados por los fiscos provinciales, en muchos casos permanecen inmovilizados durante períodos de entre 12 y 36 meses. En un contexto inflacionario, advirtió que esos fondos pueden perder entre el 60% y el 80% de su valor real, convirtiéndose en la práctica en un financiamiento involuntario al Estado.
Frente a este panorama, CAME propuso avanzar hacia una reforma integral enfocada en la presión tributaria subnacional. El objetivo, según expresó, es establecer reglas permanentes que unifiquen criterios en todo el país y otorguen mayor previsibilidad a las empresas.
Los principales ejes del nuevo consenso fiscal propuesto por CAME
- Eliminar Ingresos Brutos en las etapas intermedias de producción y aplicarlo únicamente en la venta final al consumidor.
- Establecer una alícuota máxima de retención y percepción del 1%, ajustada a la actividad económica.
- Implementar la actualización automática de los saldos a favor mediante CER a partir de los 31 días de generados.
- Unificar criterios sobre base imponible, retenciones, percepciones y mecanismos de devolución en todas las jurisdicciones.
- Fijar un plazo máximo de 90 días corridos para la devolución de saldos, con intereses automáticos en caso de demora.
- Otorgar mayores facultades de control a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para supervisar devoluciones y coeficientes de distribución.
- Exigir la publicación trimestral de estadísticas sobre los saldos acumulados por los contribuyentes.
- Revisar y limitar las tasas municipales que, según la entidad, carecen de una contraprestación efectiva en servicios.
Desde la organización sostienen que una reforma orientada a corregir estas distorsiones tendría un impacto más significativo sobre la competitividad de las empresas, la inversión y la creación de empleo que las modificaciones impulsadas actualmente por el FMI.