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El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N.º 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, una normativa que obliga a incluir advertencias visibles en productos alimenticios con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
La iniciativa fue impulsada por la gestión del presidente Javier Milei y lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones.
El proyecto ya comenzó a generar cautela en sectores dialoguistas del Senado, donde distintos legisladores anticiparon que no existe urgencia para avanzar con el tratamiento y reclamaron mayores fundamentos técnicos antes de debatir una derogación total de la norma.
Desde bloques aliados al oficialismo reconocieron que, por el momento, no observan evidencia suficiente en los argumentos presentados por el Ejecutivo y remarcaron que actualmente existen otros temas parlamentarios considerados prioritarios. También señalaron que el sistema de octógonos ya fue incorporado por gran parte de la sociedad en sus hábitos de consumo y que, si bien la ley podría requerir ajustes, consideran excesiva su eliminación completa.
Los argumentos del Ejecutivo
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que el actual esquema de etiquetado presenta limitaciones para diferenciar productos con perfiles nutricionales distintos dentro de una misma categoría alimentaria.
Según el Ejecutivo, el sistema vigente funciona de manera “binaria” y no permite reflejar mejoras parciales en la composición de los alimentos, lo que —afirman— reduce los incentivos para que las empresas reformulen productos y desarrollen alternativas con mejores valores nutricionales.
Además, la administración libertaria cuestionó las restricciones vinculadas a publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en los envases. En ese sentido, consideró que las medidas afectan actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria.
El texto también plantea que cualquier regulación estatal debe respetar criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, evaluando mecanismos “menos restrictivos” que permitan alcanzar objetivos de salud pública sin afectar el funcionamiento empresarial ni el desarrollo comercial.
Otro de los puntos centrales expuestos por la Casa Rosada apunta al impacto económico sobre pequeñas y medianas empresas. De acuerdo al Gobierno, las exigencias vinculadas al rediseño de envases, adecuación técnica y adaptación de líneas de producción generan costos elevados, especialmente para PyMES con menor capacidad financiera.
En esa línea, el Ejecutivo advirtió que este tipo de regulaciones podrían favorecer procesos de concentración económica, beneficiando a grandes compañías con mayor capacidad para absorber costos regulatorios.
Finalmente, el Gobierno afirmó que la derogación apunta a reducir “sobrecostos e ineficiencias” en la producción, comercialización y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno “más competitivo, innovador y armonizable regionalmente”, aunque aseguró que la medida no dejará de lado los objetivos de salud pública y protección al consumidor.
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Un debate que vuelve a abrir tensiones
Mientras se aguarda el giro formal del proyecto a las comisiones correspondientes, el debate comenzó a instalarse en el Congreso y promete reactivar discusiones entre distintos sectores políticos, sanitarios y económicos.
La posible derogación de la ley vuelve a poner en tensión los criterios de salud pública, regulación estatal, derechos del consumidor e intereses de la industria alimentaria, en una discusión que podría extenderse durante los próximos meses en el Senado.
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