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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por homicidio, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves contra el exdictador cubano Raúl Castro, en una decisión judicial vinculada al derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 sobre el estrecho de Florida.
La acusación fue formalizada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida y anunciada públicamente por el fiscal general interino Todd Blanche durante un acto realizado en la Torre de la Libertad de Miami, en coincidencia con un nuevo aniversario de la creación de la República de Cuba.
“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, sostuvo Blanche durante la presentación.
La causa remite al ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares MiG de la Fuerza Aérea cubana interceptaron y derribaron dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate. El episodio dejó un saldo de cuatro muertos: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, además del residente legal Pablo Morales.
Según la investigación norteamericana, las avionetas estaban desarmadas al momento del ataque. Una tercera aeronave, pilotada por el líder de la organización, José Basulto, logró escapar.
La Organización de Aviación Civil Internacional determinó posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo así la versión del gobierno cubano, que había acusado a los integrantes del grupo de realizar actividades “terroristas”.
En aquel entonces, Fidel Castro defendió el accionar militar y aseguró que las fuerzas armadas actuaban bajo “órdenes permanentes”, aunque negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para abrir fuego.
Al momento del hecho, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La acusación presentada por la Fiscalía estadounidense también alcanza a otros cinco militares cubanos presuntamente involucrados en el operativo aéreo.
La decisión judicial generó repercusiones inmediatas dentro de la comunidad cubanoamericana en Miami, donde numerosos exiliados celebraron el anuncio frente a la Torre de la Libertad. “Esperamos durante muchos años que esto sucediera”, expresó Bobby Ramírez, músico cubano exiliado desde 1971.
Desde Cuba, el actual mandatario Miguel Díaz-Canel cuestionó la fecha elegida para el anuncio y afirmó en redes sociales que el 20 de mayo representa “intervención, injerencia y despojo” para la historia cubana.
En paralelo, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que prometió una “nueva relación” con Washington y anunció un plan de asistencia humanitaria por 100 millones de dólares destinado a alimentos y medicamentos.
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Rubio responsabilizó directamente al gobierno cubano por la crisis energética y económica que atraviesa la isla. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó.
Las declaraciones fueron respondidas por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien acusó al funcionario estadounidense de actuar como “vocero de intereses corruptos y revanchistas”, aunque evitó rechazar de plano la posible ayuda económica.
La acusación contra Raúl Castro se conoció además en un contexto de creciente presión de la administración de Donald Trump sobre La Habana. En las últimas semanas, Washington impulsó nuevas sanciones económicas, restricciones vinculadas al comercio petrolero y medidas financieras contra funcionarios cubanos.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no detallaron qué mecanismos podrían aplicarse para avanzar en una eventual detención del exmandatario cubano, quien permanece en la isla y no registra viajes recientes al exterior.
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