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El diputado nacional de Encuentro Misionero, Oscar Herrera Ahuad, presentó esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos de ley vinculados a problemáticas económicas y sociales de impacto regional y nacional. Las iniciativas buscan, por un lado, reducir el IVA que grava a la fécula de mandioca y, por otro, declarar la emergencia salarial educativa en todo el país.
Ambos proyectos fueron impulsados en el marco del trabajo legislativo del bloque Encuentro Misionero y plantean medidas orientadas a atender situaciones consideradas estructurales: la competitividad de una de las principales economías regionales de Misiones y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.
Proponen reducir el IVA a la fécula de mandioca
Uno de los proyectos establece una reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado para la fécula de mandioca, que pasaría del 21% actual al 10,5%.
La iniciativa incorpora a la fécula de mandioca, comprendida en la Partida 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur, al artículo 28 de la Ley de IVA, replicando el esquema aplicado anteriormente a la harina de trigo mediante la ley 26.151.
En los fundamentos, Herrera Ahuad destacó que la mandioca es uno de los cultivos más representativos de Misiones junto con la yerba mate y el té. Según el proyecto, existen alrededor de 10 mil productores misioneros, mientras que el 75% de la producción se destina al consumo en fresco.
El texto también subraya el peso industrial de la actividad en la provincia. Actualmente, el 100% de las industrias productoras de fécula de mandioca del país se encuentran en Misiones, con un total de 11 establecimientos relevados: cuatro cooperativas y siete empresas familiares.
La cadena productiva involucra a productores, cooperativas, industrias de molienda y procesamiento, transportistas y empresas alimentarias.
Entre los argumentos para la reducción impositiva, el proyecto sostiene que la actual carga tributaria genera un mayor costo del producto final, menor competitividad frente a insumos sustitutos y dificultades para acceder a mercados industriales que requieren precios estables.
Además, advierte que la situación actual desincentiva la industrialización local y favorece el ingreso de fécula importada desde países vecinos con regímenes fiscales más competitivos, como Brasil y Paraguay.
Otro de los puntos destacados es el potencial de la fécula de mandioca para la elaboración de productos libres de gluten y alimentos destinados a nichos específicos de consumo, lo que podría favorecer la sustitución de importaciones y ampliar la oferta de productos sin TACC.
El proyecto remarca además que el volumen anual promedio del sector ronda las 18 mil toneladas, por lo que la reducción de la alícuota tendría un impacto fiscal limitado a nivel nacional.
Emergencia salarial educativa por cinco años
La segunda iniciativa presentada por Herrera Ahuad propone declarar la emergencia salarial de la educación obligatoria de gestión estatal y pública de gestión privada en todo el país por un período de cinco años, a partir del 1° de marzo de 2026.
La medida alcanza al nivel inicial —en sus últimos dos años— y a los niveles primario y secundario.
El proyecto fundamenta la emergencia en tres indicadores principales: la caída del 19% del poder adquisitivo del salario docente promedio entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la reducción del gasto educativo consolidado de Nación y provincias respecto del PBI y la conflictividad laboral que afectó el inicio de clases en distintas jurisdicciones.
La propuesta establece que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) transferidos entre enero de 2026 y diciembre de 2030 sean destinados íntegramente a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar suplementos salariales docentes.
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Según el esquema planteado, el 70% de los fondos se distribuirá mediante un “Complemento federal”, condicionado a la asistencia y participación en capacitaciones, mientras que el 30% restante se asignará a través de una “Compensación federal” destinada a docentes que trabajen en contextos de alta vulnerabilidad.
El proyecto también contempla la utilización de remanentes no distribuidos del ATN hasta diciembre de 2025, con un destino específico: el 75% para infraestructura escolar y el 25% para educación técnica secundaria estatal. Las transferencias se realizarían en seis cuotas mensuales iguales y consecutivas.
Entre los puntos centrales de la iniciativa aparece una cláusula de adicionalidad que impide a las provincias reducir el gasto educativo en términos reales durante el período de emergencia. En caso de incumplimiento, las transferencias podrían ser suspendidas.
La propuesta prevé además mecanismos de control y seguimiento, con informes trimestrales al Congreso, evaluaciones de impacto a los dos años y revisiones de los indicadores de emergencia a los tres años de implementación.
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