//
Detrás de cada allanamiento por delitos de abuso sexual infantil hay un proceso largo, técnico y coordinado. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), Federico Biré, al detallar la metodología de trabajo que permitió concretar los recientes operativos en Misiones en el marco de una investigación internacional.
Las causas suelen iniciarse a partir de reportes internacionales, muchos de ellos provenientes de organismos y plataformas de Estados Unidos, así como del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). A partir de esa información, la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos activa la investigación y da intervención a la SAIC.
Uno de los puntos clave es la detección de una dirección IP vinculada a la circulación de material ilegal. Sin embargo, Biré aclaró que ese dato es solo el inicio: “Luego comienza un trabajo de seguimiento para identificar al usuario concreto que está detrás de esa conexión, lo cual lleva tiempo y requiere tareas especializadas”.
En muchos casos, el material se comparte a través de redes P2P (peer-to-peer), mediante programas que permiten el intercambio directo de archivos entre usuarios. Esto implica un análisis técnico del tráfico digital, junto con pedidos de información a empresas proveedoras de internet y plataformas.
“Es un trabajo artesanal y coordinado, que involucra al Ministerio Público, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y cooperación internacional”, señaló el funcionario. En Misiones, además, existen convenios con empresas prestadoras que permiten acceder a datos en tiempo y forma, agilizando las investigaciones.
Una vez identificados los sospechosos, se planifican los allanamientos. En esa instancia intervienen distintas áreas, como la Policía de Misiones, Gendarmería y equipos técnicos especializados. También se realizan tareas de campo previas, como constataciones físicas y relevamiento de domicilios.
Durante los procedimientos, se llevan a cabo pericias preliminares en el lugar, gracias a herramientas habilitadas por reformas procesales recientes. Esto permite detectar de manera inmediata la presencia de material en los dispositivos secuestrados y vincularlo con los reportes originales.
“En esta etapa se puede determinar la tenencia o facilitación, pero luego se realizan pericias más profundas con software forense que permiten establecer si hubo distribución, comercialización o producción”, explicó Biré, en referencia a los delitos contemplados en la normativa vigente.
Otro aspecto clave es el análisis del entorno de los investigados. Si se detecta que una persona convive o tiene contacto con menores, se activa un protocolo con intervención de equipos interdisciplinarios, incluyendo profesionales de la psicología, para proteger a posibles víctimas.
En cuanto a las dificultades, el funcionario señaló que muchos implicados intentan ocultar su identidad mediante herramientas como VPN o redes anónimas. Sin embargo, fue contundente: “Todo lo que se hace en internet deja un rastro digital. Con las herramientas adecuadas, siempre es posible llegar a la identidad real”.
Incluso en casos donde los archivos fueron eliminados, las pericias permiten recuperar la información. “Contamos con tecnología forense de nivel internacional que permite reconstruir datos y obtener evidencia clave para la causa”, agregó.
Finalmente, Biré advirtió sobre el crecimiento de estos delitos en entornos digitales. “Pasamos de tener tres o cuatro reportes semanales a más de 20. Es un fenómeno en expansión que requiere cada vez más recursos y coordinación”, indicó.
El objetivo, subrayó, no es solo identificar responsables, sino también prevenir nuevos casos. “No se trata de archivos, sino de víctimas. Cada vez que ese material se comparte, se las vuelve a dañar”, concluyó.
Incineran más de dos toneladas de marihuana en Misiones https://t.co/zUbW7qb5ME
— Radio Up 95.5 (@radioup955) April 29, 2026
