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El conflicto por el cierre de FATE sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa advirtiera que no podrá afrontar el pago de indemnizaciones si se prolonga la disputa con los trabajadores que mantienen el reclamo por la reapertura de la planta.
La advertencia fue planteada durante una audiencia de conciliación, donde la firma sostuvo que la continuidad de las medidas de fuerza “compromete incluso las perspectivas de abono futuro de las compensaciones” para los 256 operarios que aún no firmaron su desvinculación.
Según datos aportados por la empresa, al momento del cierre —ocurrido el 18 de febrero— la planta contaba con 920 trabajadores, de los cuales más del 70% ya acordó su salida y cobró la indemnización correspondiente. En la actualidad, quedan 256 empleados en situación pendiente.
Desde la compañía argumentaron que la continuidad de la ocupación del establecimiento “obstruye la negociación de buena fe y agrava la situación económica”, lo que, según indicaron, vuelve inviable cualquier intento de reactivación.
En esa línea, remarcaron que ya no cuentan con personal técnico clave. “No hay en nómina personal especializado como técnicos, ingenieros y supervisores imprescindibles para operar la fábrica”, señalaron, descartando así la posibilidad de retomar la producción en condiciones seguras.
El debate por los salarios caídos
En paralelo, la empresa confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la obliga a pagar los salarios caídos desde febrero y continuar haciéndolo hasta junio.
La resolución judicial se basa en un acuerdo firmado en 2025 entre FATE y el SUTNA, que establecía la prohibición de despidos hasta mediados de 2026 a cambio de beneficios impositivos.
El sindicato, encabezado por Alejandro Crespo, denunció el incumplimiento del convenio y exigió la intervención del Estado provincial. “El Ministerio de Trabajo debe tomar cartas en el asunto y obligar a la empresa a pagar los salarios adeudados”, reclamaron.
Presión política y búsqueda de una salida
Mientras la negociación judicial sigue sin avances, el gremio intensifica su estrategia política para lograr la reapertura de la planta ubicada en San Fernando, la única del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.
En ese marco, el SUTNA impulsa un proyecto de ley para la “ocupación temporal” de la fábrica, que contempla la intervención del Estado bonaerense con participación de los trabajadores en la gestión.
La iniciativa ya sumó respaldos legislativos y sindicales, y ahora apunta a obtener el aval del gobernador Axel Kicillof. El gremio solicitó una audiencia y espera una respuesta que podría ser clave para el futuro del conflicto.
Desde el sindicato también marcaron diferencias con la postura del gobierno nacional de Javier Milei. “La Secretaría de Trabajo no tuvo intención de buscar una solución”, cuestionaron, al tiempo que señalaron que la provincia tiene ahora la oportunidad de intervenir.
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Un proyecto en el centro de la disputa
El proyecto de ocupación temporal declara de utilidad pública la producción de neumáticos y propone la toma de control integral de la planta por parte del Estado, incluyendo maquinaria, insumos y activos, aunque de manera transitoria.
El esquema prevé una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga, y un modelo de cogestión entre el Estado y los trabajadores para garantizar la continuidad productiva, preservar empleos y asegurar el abastecimiento del mercado interno.
Además, establece que la intervención cesará si la empresa presenta un plan que garantice la totalidad de los puestos de trabajo, lo que abre una puerta a una eventual reactivación privada.
En un escenario marcado por presiones cruzadas, disputas judiciales y negociaciones políticas, el conflicto de FATE se encamina a definiciones clave, con impacto directo en cientos de trabajadores y en un sector estratégico de la industria nacional.
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