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Argentina
El individualismo no aparece de manera espontánea ni inocente: se construye. Primero, desde la idea de que “los otros” —la política, el Estado, los dirigentes— nos hicieron daño. Luego, desde la acumulación selectiva de argumentos que confirman esa percepción y habilitan decisiones centradas exclusivamente en la supervivencia personal. Finalmente, ese proceso desemboca en un dogma que promete resolverlo todo sin mediaciones ni responsabilidades colectivas: la creencia de que la oferta y la demanda, por sí solas, pueden ordenar la sociedad y corregir sus desequilibrios.
En la Argentina reciente, ese dogma creció sobre un terreno fértil: la bronca social. El hartazgo frente a la corrupción, la ineficacia y la incapacidad de construir soluciones reales fue capitalizado por un discurso que ofreció sacrificio, ajuste y dolor como peaje inevitable hacia un futuro mejor. Se nos dijo que iba a doler, que el Estado debía correrse y que el mercado sabría qué hacer. El problema no es el diagnóstico de origen, sino la obstinación en sostener una receta que, con el paso del tiempo, no muestra resultados concretos.
Probablemente haya quienes crean que los ingresos mejoran, que el empleo se recupera o que el esfuerzo empieza a rendir frutos. No es culpa del ciudadano interpretar así la realidad. La responsabilidad es de quienes gobiernan y construyen el relato público. Porque basta con recorrer las calles para advertir que algo no cierra: comercios que bajan persianas, actividad que se contrae, consumo en caída y familias que ajustan incluso lo básico. No es una sensación: es una experiencia cotidiana.
Se habla de “enfriar la economía” como si fuera sinónimo de orden y estabilidad. Pero una economía enfriada no es una economía sana. Es una economía frenada. La baja de la inflación convive con caída del consumo, empleo más precario y empresas que operan por debajo de su capacidad. El orden macroeconómico, cuando no se traduce en mejora real de la vida cotidiana, deja de ser una virtud y se transforma en una abstracción que beneficia a pocos y desgasta a muchos.
En este escenario, las provincias quedan atrapadas en una contradicción estructural. El Gobierno nacional exige menos impuestos, menos gasto y más disciplina fiscal, mientras se desentiende de responsabilidades históricas. Misiones es un caso elocuente. Ordenó sus cuentas, sostuvo equilibrio fiscal y mostró resultados. Sin embargo, ese esfuerzo choca contra un límite evidente: no hay desarrollo posible sin mercado interno, sin competitividad real ni sin políticas nacionales que acompañen.
Lo que produce Misiones no logra desplegar todo su potencial. No compite en igualdad de condiciones en el plano internacional y el consumo interno es insuficiente. El resultado es previsible: más informalidad, más economía fuera del sistema y una expansión silenciosa del “sálvese quien pueda”. Todo esto, además, mientras la provincia intenta sostener servicios y funciones que el Estado nacional ha dejado de atender: rutas, escuelas, salud pública, seguridad. El ajuste, lejos de desaparecer, se descentraliza.
Aquí aparece el núcleo del debate. El individualismo encuentra en la oferta y la demanda su mejor justificación moral. Si el mercado lo explica todo, entonces quien queda afuera es responsable de su propia exclusión. Esa lógica no es neutral ni moderna: es funcional a un modelo que necesita desentenderse del daño social que produce. Cuando el mercado se convierte en doctrina, la desigualdad deja de ser un problema a resolver y pasa a ser un efecto colateral aceptable.
El Papa Francisco lo advirtió con claridad en Evangelii Gaudium y Fratelli Tutti: el mercado tiene un rol, pero cuando se lo absolutiza y el Estado se retira, la desigualdad y la exclusión se profundizan. No es una crítica ideológica, sino una advertencia ética. La iniciativa privada es necesaria, pero sin Estado no hay justicia social ni cohesión comunitaria.
En la misma línea, Jonathan Sacks, ex Gran Rabino del Reino Unido, reconoció las virtudes del liberalismo —libertad, innovación, iniciativa individual— pero advirtió sobre sus límites cuando se lo separa de la ética y la responsabilidad social. Su definición es contundente: el mercado es un gran servidor, pero un pésimo amo. Cuando gobierna sin contrapesos, rompe los lazos que no puede medir ni monetizar.
A pocos días de que el Congreso discuta una reforma laboral de alto impacto, conviene decirlo sin rodeos: liberalismo sin justicia social no es libertad, es privilegio. Y justicia social sin Estado es una consigna vacía. Cuando uno pretende existir sin el otro, lo que se naturaliza es la desigualdad, se debilita la cohesión social y se reduce lo público a lo meramente rentable.
Más Estado no es más delito, como se repite sin evidencia; es más justicia distributiva. Menos política no es más libertad; es más arbitrariedad. El verdadero problema del liberalismo no es su capacidad para crear riqueza, sino su incapacidad para distribuirla sin la intervención deliberada de la política.
Persistir en la idea de que el mercado resolverá lo que la sociedad no puede no es audacia reformista: es una renuncia explícita a la responsabilidad colectiva. Y esa renuncia, cuando se convierte en dogma, no ordena la economía: erosiona el pacto social que sostiene a cualquier país.
