El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero aclaró que su ejecución se encuentra suspendida hasta que el Congreso defina el financiamiento correspondiente. Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca la obligación de precisar partidas presupuestarias para toda norma que implique gasto público.
La decisión se da tras un extenso recorrido legislativo: la ley había sido vetada en agosto por el Gobierno, pero luego fue insistida por el Congreso con mayoría especial en Diputados y en el Senado, lo que obligó a su promulgación el pasado 8 de septiembre.
El Ejecutivo recordó que el Presupuesto 2026, enviado al Parlamento el 15 de septiembre, será el ámbito para debatir y asignar los recursos necesarios. Según cifras oficiales, la implementación plena de la ley demandaría en 2025 unos $3 billones (0,35% del PBI), mientras que en 2026 el costo ascendería a más de $6 billones.
¿Qué prevé la norma relacionada a la discapacidad?
La ley, cuya vigencia se proyecta hasta diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga), contempla:
- La creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad con empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
- Garantizar cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
- Una compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación, además de un esquema de aranceles únicos con movilidad mensual.
- Beneficios para empleadores: tres años de exención del 50% de contribuciones patronales por la contratación de personas con discapacidad.
El fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en materia de auditorías, otorgamiento de Certificados Únicos de Discapacidad y control de transparencia.
Lo que queda en suspenso
Hasta que el Congreso incorpore fondos, no se activarán las nuevas pensiones, la compatibilidad laboral, la compensación a prestadores ni las incorporaciones al Programa Incluir Salud.
En la Casa Rosada señalan que, sin partidas específicas, los créditos disponibles resultan insuficientes para cubrir la totalidad de las erogaciones.
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