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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tenía en su poder más de 100 expedientes con observaciones sobre fallas en la producción del laboratorio Ramallo, responsable de elaborar los lotes de fentanilo contaminado que provocaron múltiples intoxicaciones en el Hospital Italiano de La Plata. La información fue descubierta por el juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación y que ordenó una serie de medidas urgentes y profundas para determinar responsabilidades penales.
El hallazgo más importante se dio a partir de una orden de presentación —con allanamiento en subsidio— para acceder a un archivo de Excel que no había sido entregado en las primeras dos remesas de documentación de la ANMAT al juzgado. En ese archivo figuran decenas de irregularidades que podrían comprometer a los directivos del laboratorio, especialmente a su titular Ariel Fernando García, también dueño del grupo farmacéutico HLB Pharma.
Aunque las observaciones de la ANMAT no estaban centradas exclusivamente en el fentanilo, sí daban cuenta de fallas generales en la calidad de fabricación de múltiples productos, lo que refuerza las sospechas sobre un posible patrón de negligencia sistemática. La investigación judicial intenta ahora establecer si García y otros directivos estaban al tanto de estas deficiencias y si, pese a ello, continuaron con la producción sin implementar mejoras sustanciales.
El caso se inició luego de que el Hospital Italiano reportara que 18 pacientes presentaron signos de contaminación tras recibir fentanilo. Los análisis posteriores revelaron que las bacterias encontradas en las ampollas coincidían fenotípicamente con las halladas en los pacientes afectados, lo que derivó en una denuncia por parte de la ANMAT.
El fentanilo cuestionado fue elaborado en el laboratorio Ramallo durante la campaña 2024, y distribuido por la droguería Alfarma en casi todas las provincias del país. La Justicia ya confirmó al menos dos lotes con desvíos de calidad y aguarda una pericia crucial del Instituto Malbrán sobre los Batch Record, las “historias clínicas” de los medicamentos, para determinar si las anomalías se arrastran desde años anteriores.
Mientras tanto, el juez Kreplak avanzó sobre la estructura familiar detrás del laboratorio. Ordenó la inhibición de bienes de Ariel García, de sus hermanos Damián Roberto y Diego, de su madre Nilda Furfaro y de su abuela, Olga Luisa Arena, de 90 años, quien figura como expresidenta del grupo HLB Pharma. Según la investigación, el grupo operaba a través de estructuras empresariales diseñadas para ocultar maniobras ilícitas.
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Aunque aún no hay imputaciones formales, el volumen de pruebas recolectadas y las características del caso hacen prever que esa instancia no tardará en llegar. En palabras del propio Kreplak, “el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”.
La Justicia ahora se enfrenta al desafío de determinar si existió dolo o una cadena de negligencias que permitió que medicamentos contaminados llegaran a hospitales públicos y privados, poniendo en riesgo la vida de decenas de personas. La causa se perfila como uno de los mayores escándalos sanitarios del año.
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